Los Medios y la Impugnación de la Elección Presidencial 2012
Por Jenaro Villamil
@jenarovillamil
No se extrañe si usted escucha en todas las estaciones de
radio un mensaje grabado y patrocinado por el SITATYR (el sindicato de
trabajadores de la radiodifusión) en el que acusan al candidato de la coalición
Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, de no respetar los
resultados de la elección y el triunfo del candidato priista Enrique Peña
Nieto. El dirigente de este sindicato Patricio Flores llegará a la Cámara de
Diputados como legislador plurinominal por la lista del PRI. La filiación
tricolor de este sindicato que domina la mayoría de los medios concesionados no
se aclara nunca.
Como este ejemplo, muchos otros surgirán en los próximos días
para contrarrestar el proceso de impugnación legal que anunció el jueves 12 de
julio el ex jefe de Gobierno capitalino y dos veces candidato presidencial.
López Obrador está demandándole al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación invalidar la elección presidencial (no todo el proceso electoral
federal) a partir de siete causales. Una de ellas es precisamente la inequidad
en los medios masivos de comunicación y la adquisición de espacios de
publicidad encubierta, conocida eufemísticamente como “desplazamiento del
producto”.
La impugnación de López Obrador fue anunciada desde el 2 de
julio, un día después de la jornada electoral federal. La mayoría de los
comentaristas en medios electrónicos, particularmente los alineados con Grupo
Televisa y TV Azteca, se apresuraron a decir que el tabasqueño violaba así el
“pacto de civilidad” que se firmó en el
IFE tres días antes de la elección, junto con los otros candidatos
presidenciales.
Para la mayoría de los analistas y comentaristas que le
reclaman su actitud a la coalición Movimiento Progresista, que quedó en segundo
lugar con una diferencia de 6.5 puntos frente a la coalición del PRI-PVEM, no
son violatorias de un pacto de civilidad la compra y coacción del voto,
ampliamente documentada por medios impresos y electrónicos, nacionales y
extranjeros. El #SorianaGate y lo que ya se configura como el #MonexGate
constituyen la contraparte más dramática de esta arraigada cultura política de
convertir al votante en una clientela y al sufragio en una mercancía. Para
estos comentaristas, esto no viola el “pacto de civilidad”. En cambio, impugnar
un proceso viciado sí es “incivilizado”, por decir lo menos.
“Todo es un montaje” ha insistido con una cara dura difícil
de creerle el candidato presidencial ganador en el conteo distrital, Enrique
Peña Nieto. Lo dijo en una entrevista ante la cadena de televisión británica
BBC, lo repitió en conferencia de prensa y lo volvió a reiterar en una
entrevista de este 13 de julio con La
Jornada, aunque aquí el mexiquense ya tuvo que matizar.
“Hemos descalificado y negado categóricamente esos infundios
(la compra de votos) y señalamientos sin sustento. Las empresas proveedoras de
servicios han explicado, en el caso de las tarjetas Soriana, que han otorgado
servicios a varios gobiernos, incluidos el del Distrito Federal.
“Es tanto como afirmar que con el programa Oportunidades hay
compra o coacción del voto porque llega a más de 6 millones de personas y que
el gobierno federal lo usó para manipular y comprar sufragios a favor del PAN.
Si hubiera sido así, entonces le falló. O que en el Distrito Federal se hizo
con la Red Angel”, argumentó Peña Nieto.
La defensa del candidato presidencial priista es fallida. Los
testimonios sobre la compra de votos no fueron producidos por Pedro Torres ni
forman parte de un reality. Son
múltiples los testimonios en el Estado de México, en Veracruz, en Yucatán y en
Quintana Roo de que hubo cientos de operadores que les pagaron a promotores
para garantizar un tope de votos necesarios para un triunfo holgado. El
problema es que la victoria en las urnas no rebasó los 10 puntos, tal como lo
promovieron también las encuestadoras y los medios que lo acompañaron.
En todo caso, si el PRI y el PVEM tienen elementos de que el
PRD-PT-MC y de que el PAN también utilizaron las tarjetas de descuento o los
programas sociales para coaccionar el voto, sería muy sano que presentaran la
impugnación ante el TEPJF. Insistir ante los medios masivos de que todo se
trata de un “montaje” y que hasta Felipe Calderón ha sido “engañado” por López
Obrador sólo genera una reacción de malestar ciudadano muy alto porque el
cinismo no puede sostenerse como si fuera un spot.
El Rebase de Topes de Gastos
La impugnación que anunció López Obrador y su equipo,
encabezados por Ricardo Monreal y el ex consejero del IFE, Jaime Cárdenas,
consta de siete ejes. La mayoría están orientados a documentar el punto más
delicado de toda la contienda presidencial: el presunto rebase de tope de
gastos de campaña que se fijó en 336 millones de pesos.
La coalición de izquierdas calcula que el monto real de lo
invertido fue superior a los 1,807 millones de pesos, es decir, 6 veces más que
el tope. La impugnación acusa a la Unidad de Fiscalización del IFE no haber
resuelto 12 quejas presentadas por rebase de topes de gastos.
En el extenso documento de más de 400 cuartillas la coalición
de López Obrador detalla como “agravios” centrales los siguientes: la
adquisición encubierta en tiempos de radio y televisión; inequidad de la
elección por rebase de topes de campaña presidencial; financiamiento encubierto
en la campaña de Peña Nieto –citan el caso de Frontera Television Networks, de
José Aquino, ciudadano mexicano-norteamericano que presentó una demanda por
fraude ante la corte de Los Angeles por 56 millones de dólares-; y las encuestas
como medio de propaganda y presión de electores.
Entre algunas de las pruebas presentadas se encuentran el
contrato de Aquino; el costo de las encuestas divulgadas en medios que
presuntamente superó el tope de gastos; 300 videos y una serie de cálculos
sobre el costo real de la producción de spots
y de los espectaculares que inundaron el país.
AMLO “Mal Perdedor”
La respuesta del PRI se dio el mismo día y fue consignada por
todos los medios como contrapunto a la conferencia de prensa convocada por López
Obrador. El dirigente nacional del tricolor, Pedro Joaquín Coldwell, acusó al
perredista de “mal perdedor”, lo acusó de desconocer su palabra firmada en el
Pacto de Civilidad, de pasar por alto la reforma electoral del 2007, los
monitoreos en medios de comunicación y hasta el reconocimiento de los
observadores internacionales.
“Lo que no reconoce el candidato perdedor es que fue un
candidato menos competitivo que hace seis años. Entonces ganó en 16 estados del
país, ahora sólo pudo triunfar en 8. En 2006 ganó en tres circunscripciones,
ahora sólo en una. En 2006 fue el puntero durante gran parte de la campaña y
acabó perdiendo por una diferencia de 233 mil votos. En 2012 jamás consiguió
ser el puntero y terminó por debajo del ganador por 3 millones 329 mil votos”,
argumentó Joaquín Coldwell.
El balance entre el López Obrador del 2006 y el del 2012 es
muy claro. Sin embargo, el PRI orienta su respuesta ante la impugnación
personalizando el conflicto. Tal parece que el problema es López Obrador como
“mal perdedor” y no los múltiples indicios de irregularidades, de compra y
coacción del voto, de despilfarro en las entidades donde gobiernan.
¿Cómo le harán el PRI y su candidato Enrique Peña Nieto para
otorgarle credibilidad a un triunfo que ha sido señalado por la mayoría de los
medios de comunicación, pero que no han logrado diluir ni mucho menos desmentir
las irregularidades y violaciones a lo que establece el artículo 41 de la
constitución?
Este es el problema. No López Obrador. No los que votaron en
contra de Peña Nieto. No el movimiento #YoSoy132. No las declaraciones de
Felipe Calderón. El problema es la calidad de una elección cuestionada.
Tomado de www.homozapping.com.mx
Imagen tomada de Internet
