En México, el Estado cometió crímenes cercanos a los de “lesa humanidad”: Gasparini
por Gilberto Lastra Guerrero
La buena imagen internacional para los
países que forman la Organización de la Naciones Unidas (ONU) es una
prioridad, y el tema de Derechos Humanos, representa uno de sus
principales dolores de cabeza, porque no deben perder su peso
diplomático con los 192 estados; pero tampoco cumplen a cabalidad lo que
firmaron y ratificaron en las Convenciones.
Juan Gasparini, periodista argentino
integrante de la organización no gubernamental Nuevos Derechos del
Hombre, reflexiona en esta entrevista sobre las trampas que aplican los
países para mantener su imagen intacta ante la ONU, asunto que no
siempre funciona. Y cómo la ambigüedad se convierte en un arma de dos
filos, aunque es la única herramienta para sortear las argumentaciones
de los expertos del
Comité contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés) u otros Estados en el Examen Periódico Universal (EPU).
Explica que en el caso de México, sigue
siendo el Gobierno el que debe garantizar la seguridad de la población,
pero en los últimos años es lo contrario: las fuerzas del Estado y de la
delincuencia organizada agreden y violentan los derechos humanos de la
población civil, además de hacerlo de manera sistemática y masiva,
cercano al crimen de lesa humanidad.
Gasparini
tiene una amplia carrera como periodista en distintos periódicos
argentinos y sudamericanos. Actualmente radica en Ginebra, Suiza. Es
autor, de decenas de libros, entre ellos, Mujeres de Dictadores, La Delgada Línea Blanca, y su más reciente, del 2011, López Rega, la Fuga del Brujo
.
Gilberto Castro Guerrero.- ¿Cuáles son
los principales argumentos que presentan los Estados ante la ONU para
evitar una mala imagen por violentar derechos humanos?
Juan Gasparini.- Ante la alegación o la
acusación de violación a los derechos humanos, los Estados pueden
asumir una postura dura en el sentido de negarla o no querer modificar
su posición. Por ejemplo, en México en el tema del arraigo, donde el
Estado te dice que no lo va a sacar. Pero en otro tipo de alegaciones,
los Estados adoptan una posición de flexibilidad, y ahí es donde se
presenta el mecanismo diplomático que se enseña en todas las escuelas:
trabajar en la ambigüedad. Es decir, hay países que piensan en el buen
sentido o en el mal sentido, y la forma de avanzar o retrasar es por
medio de la ambigüedad. Es un principio diplomático aplicado a los
derechos humanos.
En América Latina se dio un cambio muy
importante, debido a la situación de las dictaduras en el pasado, donde
se negaban o trataban de no ser condenados, se pasó a una situación de
democracia, y los Estados no pueden negarse a las recomendaciones. Ahí
entra el doble
juego: “Te digo que sí; pero no coopero”.
Hay dos tipos de Estados, los que
colaboran y los que no lo hacen. Todos quieren estar en el pelotón de
los que cooperan, pero en la realidad, muchos no quieren nada. De ahí
viene la simulación. Se dan casos concretos, uno que participa, firma
las convenciones, y se aceptan los mecanismos de control instaurados por
la ONU, que son generados por consenso, como la creación de relatores
que visitan los países.
Es muy difícil negarle las visitas a los
relatores. Hay Estados que dicen que hay una visa automática para que
vayan, pero no les fijan la fecha; esperar unos 6 u 8 años para estar en
un país y verificar la situación de los derechos humanos es mucho
tiempo. Y cuando entra, porque es el ojo de la ONU en ese país, si hay
alegaciones muy fuertes, suelen decir [los Gobiernos] que las fuentes
que alimentaron al relator son dudosas o no son creíbles. Hay países que
tratan de resistir los mecanismos de los derechos humanos para
cuestionar el mensaje y la imagen que va a salir del Estado en voz del
relator, porque se presentará la información en la sede de la ONU. Hay
que vigilar cuál es el comportamiento del Estado.
GCG.- ¿La ideología política o económica inciden en la forma en la que se conducen los países en el concierto de las naciones?
JG.- Hay diferentes tendencias. Algunos
países son impermeables a las recomendaciones de la ONU, como el caso de
Estados Unidos en ciertos temas, no en todos. Otros, como China y los
países islámicos, en los que hay una diferencia cultural que impide
aplicar los principios de derechos humanos que han sido concebidos por
el occidente y tiene que haber una tolerancia para la aplicación de esos
principios.
Los países democráticos de la UE han
propiciado un avance en la democratización y respeto de los derechos
humanos, tanto en América latina como en África. Pero hay bastiones de
resistencia tanto en América Latina como dentro de África, y la lucha es
para que los países refractarios sean cada vez menos.
Después de un gran aire de
democratización y de respeto a los derechos humanos, que fue al
principio de la década del 2000, ahora hay algunos retrocesos en América
Latina. Ecuador, Venezuela, algunas cosas en Argentina, o Chile, que
pese a su voluntad política avanzar contra la impunidad y a la rendición
de cuentas, no tienen un buen balance. Brasil, por ejemplo, que es un
país líder en el proceso de democratización, tiene una política ambigua
también, porque suelen molestarle las recomendaciones o las supuestas
injerencias externas; porque el discurso es que no invadan su soberanía.
Pero cuando vos aceptas convenciones,
estás cediendo una parte la soberanía, porque aceptas un control
externo. El gran problema con el Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), es el modelo que tiene: es un partido único que controla todo, y
restringe a los civiles y a los políticos, en aras de un discurso que
ellos hacen para justificar un disfrute de los derechos económicos,
culturales y sociales.
GCG.- Muchas de las violaciones a los
derechos humanos son a gente contestaría ¿qué tanta gobernabilidad real
hay en los países de Latinoamérica?
JG.- Ahí las Naciones Unidas promueven
algunas cosas, por ejemplo, la creación de Comisiones Nacionales de
Derechos Humanos, que sean representativas del Estado, que tengan un
mecanismo en el que todo sea por consenso de todos los miembros de esa
comisión, según el modelo elaborado en una conferencia internacional que
se celebró en París, y los integrantes deben darle seguimiento a la
situación interna. Que sea no sólo un órgano puesto por el gobierno,
sino un órgano concertado dentro del juego de poderes del Estado, como
por ejemplo el nombramiento de los jueces, que cada país tiene un
mecanismo diferente y que debe tener algún apoyo parlamentario. La
justicia debe tener un nombramiento en el que se conjuguen los intereses
del poder ejecutivo y legislativo. En este caso, los países se tienen
que adaptar a este modelo, lo que permite el establecimiento de las
estructuras nacionales. La subcomisión contra la Tortura también
promueve este tipo de mecanismo: que los Estados no dependan de un
organismo externo que los venga a vigilar de vez en cuando, sino que sea
permanente.
GCG.- ¿Una contraloría interna?
JG.- Raramente el subcomité tendría que
viajar a los países, porque el objetivo es que se constituya un comité
contra la tortura en el país, que tenga un sentido democrático que no
represente al gobierno si no al Estado en su conjunto. Eso, precisamente
es el objetivo máximo: llegar de sorpresa a los lugares de detención.
Es necesario tener un salvoconducto para llegar en cualquier momento al
lugar que sea ante la presunción de actos de tortura.
GCG.- En el proceso democrático, en la
lucha por el poder entre los partidos políticos, ¿llega a afectar esta
relación que se tiene en los congresos de los países? ¿Qué tanto juego
político hay entre las fuerzas por conservar o desestimar la imagen de
un Estado?
JG.- Si firmaste y ratificaste las
principales Convenciones, y no cuentas con un mecanismo de invitación
abierta a los relatores, estás (como Estado) en el banquillo de los
acusados. Y si estás en una situación particular, es peor, sobre todo si
hay un relator para tu país designado por la ONU. Existía en Cuba, que
por una negociación política fue quitado. Pero hay en el caso de otros
países, como Corea del Norte. También tienen los países que vienen
saliendo de la primavera árabe, como Costa de marfil, Libia… Hay
expertos independientes que le dan seguimiento a los sucesos en estos
países.
Los Estados luchan por tener una buena
imagen y decir: “Yo no soy un país problemático para la ONU. Soy un país
normal, tengo la invitación abierta a los relatores. No he sido
condenado en ningún órgano de tratado. En Consejo de Derechos Humanos se
habla cada vez menos de mí”. Lo que buscan es bajar el nivel de
atención. Por eso temen tanto a esto, a que venga un órgano de tratado y
que en la ONU critiquen, porque eso al trascender en la imagen, la
desluce.
Además, los países en el concierto
diplomático, si se desluce la imagen y son condenados, o no cooperan,
pierden peso diplomático, porque en los debates, cuando se definen las
políticas internacionales y ese país quiere levantar la mano le dicen:
“Vos, callate la boca porque estás en el banquillo de los acusados. Vos
no podés hablar porque tienes un relator, porque no cumplís, porque sólo
prometés”. La ambigüedad solamente te alcanzó para evitar algunas
cosas, te sirvió solamente por algún tiempo para evadir una sanción
internacional.
GCG.- ¿Hay menos margen de maniobra para los gobiernos para librarse de las recomendaciones con los nuevos mecanismos de la ONU?
JG.- La historia de la ONU así lo
demuestra, porque la multiplicidad en la creación de mecanismos de
control se dio, pero las violaciones continuaban; se tenían que crear
nuevos, porque se dieron cuenta que con uno no alcanzaba y se debía
evitar que los países escaparan por algunos espacios. Creo que existe y
es inherente a la especie humana, creo que es de la misma manera que
trampear en el deporte, por eso se ponen los reglamentos, porque si no
todo mundo trampea. Es consustancial al hombre. Esto se mezcla con los
proyectos políticos, y los proyectos políticos son proyectos
colectivos, y para defenderlo tienes que sacrificar determinados
principios. El lenguaje de la ONU es un lenguaje muy estricto. Se debe
abolir la tortura porque los mandata la ONU y lo tenés que hacer, no hay
medias tintas. Existe el caso de la moratoria, pero es solamente un
paso para abolirla, no para regresar a ella. Porque hay casos de países
en los que se volvió a aplicar, Guatemala levantó la moratoria en el
2001.
Vengo de Taiwán, de un reportaje y la
restablecieron hace poco por algunos casos, el Gobierno la quiere
abolir, pero los conteos que te presenta el Estado que han hecho en la
población, el 82 por ciento quiere mantener la pena de muerte. El
viceministro de Justicia hablaba de una pena sustitutiva, pero también
se debe que tomar en cuenta lo que quiere la gente. La lucha por los
derechos humanos es una lucha eterna.
GCG.- ¿El caso de México?
JG.- La guerra del narco ha producido un
aumento sustancial de las violaciones de los derechos humanos en
México, que sean atribuibles éstas a gentes del Estado o de grupos
paraestatales, no suprimen la responsabilidad del Estado. La ONU fija la
responsabilidad del Estado. Hay indicios inquietantes por las
alegaciones que traen las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), por
las propias recomendaciones ya hechas en el Examen Periódico Universal
(EPU), y los órganos de tratados que han tomado el caso de México.
Hay indicios, desde que comenzó la
guerra, de comisión de delitos que pueden acercarse al crimen de lesa
humanidad, porque hay una presencia sistemática y masiva de determinados
crímenes que suceden en todo el país y no una determinada región. Las
víctimas son de distintos sectores sociales, de distintas procedencias
culturales, es decir, no hay una selectividad sino una masividad. En la
medida que se demuestra el patrón, que es sistemático y que es contra la
población civil.
El Estado sabe que tiene que resolver
un problema, y que necesita encontrar a cierto tipo de gente
(delincuente o narcotraficantes), pero no la detectan, entonces
reprimen masivamente. Hace una redada, detienen a algunos, ya
encontraron a uno de los que estaban buscando, a los demás no los pueden
dejar libres porque los van a denunciar, entonces lo deben matar
también. Avanzan a ciegas, por el hecho de encontrar de manera selectiva
determinadas víctimas, reprimen para encontrarlos. Si hacen una lucha
legal, no se puede. El avanzar a ciegas, y atacar a la población civil,
eso, te da un indicio. Se necesita demostrar, y ese es trabajo para las
ONGs y reporteros que buscan abordar el tema de los DDHH, la
cuantificación de estos delitos.
GCG.- ¿La fragilidad de las Leyes
internacionales al aplicarse en un país que no cuenta con el mismo marco
normativo, afecta su aplicación?
JG.- El problema de la tipificación del
crimen en el caso de la tortura se ve claramente. Una de las luchas que
emprende el CAT es decirle al Estado que firmó o que ratificó la
Convención, que cambie la legislación y copie las definiciones de la
ONU, y además, con una posibilidad de alegación de la víctima, aumenta
su efectividad. Entre tanto, es importante que el Estado le dé prioridad
a la ratificación de la Convención, así los abogados sabrán como
litigar en los tribunales y plantear que se violaron los DDHH de su
cliente, en función del primer artículo de la Convención contra la
Tortura. Esta homogeinización, en la que el Estado cedió una parte de
su autonomía porque reconoce que para luchar contra un crimen mayor: “No
me alcanzan mis fuerzas, entonces me voy a poner de acuerdo con otros
190 países para unificar la lucha“. Aceptas que el órgano te
controle, y en el Estado hay un abandono de definiciones ambiguas en
cuanto a la tortura, porque hay países que tienen hasta tres
definiciones distintas en el Código civil y en la Constitución.
Tomado del Portal http://homozapping.com.mx/2013/01/en-mexico-el-estado-cometio-crimenes-cercanos-a-los-de-lesa-humanidad-gasparini/
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