El caso Mouriño
Por Lic. Arturo Juárez Martínez
El pasado 24 de febrero, el ex candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una accidentada concentración dispuesta para definir una estrategia de defensa con sus adherentes, ante lo que ellos consideran “la pretensión de privatizar Pemex” y “la codicia de las minorías rapaces y de funcionarios corruptos”[i], hizo entrega de un legajo de documentos al coordinador de la bancada de diputados perredistas en el Congreso de la Unión, Javier González Garza, para solicitar se realicen auditorías a la gestión del actual secretario de Gobierno, Juan Camilo Mouriño, en sus anteriores responsabilidades públicas.
El tema no tuvo gran impacto en la opinión pública, debido a que la atención quedó centrada en las reyertas que protagonizaron los simpatizantes del anterior jefe de Gobierno del D. F. con figuras relevantes de la corriente Nueva Izquierda presentes en el mitin.
La atención en el tema permaneció en un impasse durante escasos cuatro días. Con declaraciones marginales sobre el asunto, figuras afines en ese tiempo a una posible propuesta de Reforma Energética del Gobierno Federal, comenzaron a desacreditar los señalamientos del tabasqueño y calificarlos como producto del encono[ii].
La controversia que inaugurara López Obrador, y que fue secundada por miembros del Frente Amplio Progresista, tiene que ver con siete contratos que firmó Juan Camilo Mouriño, en calidad de apoderado general de la empresa de Transportes Especializados Ivancar -propiedad de su familia-, cuando presidió la Comisión de Energía en el Congreso de la Unión y ulteriormente como asesor en la secretaría de Energía, en los periodos 2000-2001 y 2003, respectivamente, en los cuales se avalan convenios de servicio de transportación con PEMEX Refinación.
El tema que continúa abierto en los medios de comunicación, principalmente en la prensa escrita, nos otorga la posibilidad de explorar una definición y a la vez un modelo que el investigador francés, Dominique Wolton y Luhmann en su teoría social, han hecho sobre el espacio público y la comunicación política.
En este breve espacio se intentara, con la ayuda de los elementos que nos proporcionan los estudios citados con antelación, exponer como se han configurado la discusión y los actores alrededor de los desafortunados contratos en la esfera pública.
El interés de esta reflexión no se encuentra en concluir si el secretario de Gobernación incurrió en algún ilícito o sí su actuar como representante popular y funcionario público, fue apegado a derecho y con valores éticos.
Lo que sí nos interesa indagar es como algunas significaciones, por ejemplo: legalidad y ética, han sido utilizadas por los actores inmersos en la disputa de las percepciones y con ello contrarrestar el discurso de su contraparte.
Como se ha señalado, aún cuando los objetivos de este escueto análisis no son los de fallar sobre la inocencia o culpabilidad del implicado, el aspecto jurídico (para una posible descripción del fenómeno en la acepción del espacio público bajo la teoría de sistemas) es determinante en su desarrollo.
En otras palabras, lo que ha permitido que el caso de los contratos firmados por Mouriño sea un tema de debate público, es porque existen referencias en el marco jurídico de esta sociedad que se supone han sido transgredidas. “Esta legalidad permite un marco estable para la toma de decisiones y, además, encuadra el desarrollo y la formación de la opinión pública”[iii]. Es el filtro que ha adquirido el sistema político en un largo proceso de evolución para determinar cuales son los temas de discusión en el espacio público, entendido este último como un subsistema del sistema político.
La comunicación política según Wolton es “el espacio en el que se intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre política, y que son los políticos, los periodistas y la opinión pública a través de los sondeos”.[iv]
La legitimidad que se indica, funciona también como un filtro que permite discriminar los temas que serán discutidos en la esfera pública. Los políticos basan su legitimidad de acuerdo a los calendarios electorales y sobre las posturas ideológicas que pretenden dar rumbo y sentido a la administración pública, y por lo consiguiente generar adeptos a sus proyectos.
La figura de López Obrador, entendida bajo el código gobierno/oposición, después de los resultados electorales del año 2006, ha reducido sus márgenes de maniobra, ahí donde, en una democracia de masas, se libran las batallas políticas, en el espacio público. Sin embargo, temas como el de los contratos de la empresa Ivancar, le otorgan nuevas oportunidades de posicionar su visión sobre temas coyunturales y renovar su presencia en la arena pública.
El tema del fraude electoral que posicionó López Obrador en el espació público parece estar agotado; una figura política como el tabasqueño, que experimentó niveles de popularidad entre la ciudadanía pocas veces observados, hace uso de otro de los filtros por lo que tiene que pasar un tema antes de generar interés público: los estudios demoscópicos
Esos “espejos retrovisores” que son los sondeos entre la opinión pública, acerca de un determinado tema, se vuelven un tamiz imprescindible en la medida que construyen su legitimidad a través de parámetros científicos y técnicos para retratar de la mejor manera posible una realidad momentánea, no obstante, la elaboración e interpretación que de ellos hacen los actores políticos es el catalizador que convierte a las encuestas de opinión en un éxito.
Los calendarios electorales son entonces fundamentales, tanto para la legitimidad de los políticos, como para la importancia que se lo otorgue a un estudio de opinión, debido a que dan por concluido o un tema o permiten su crecimiento. Las contiendas electorales son el corte de la discusión pública.
Además esta polémica al ser parte de la discusión de la Reforma Energética, se vuelve un tópico más en la lucha de representaciones sobre lo que significaría modificar el marco legal de la forma de operar de la paraestatal Petróleos Mexicanos y un elemento que ha permitido a los opositores a la posible modificación legal en el tema energético, articular un discurso que confronte al discurso oficial con recurrencias constantes a una moralidad entendida como “uno de los mecanismos más eficaces... que redunda en la inhibición de la capacidad de respuesta”[v] del adversario.
La habilidad para operar las fusiones entre temas y opiniones, es importante, ya que los actores conseguirán orientar la discusión a los terrenos que les resulten más propicios y donde posean más elementos para articular su arenga. En el caso de la reforma energética ¿cuáles son los temas y cuáles son las opiniones?
La habilidad que han mostrado los opositores a la postura del gobierno federal, ha consistido precisamente en operar con notoriedad la fusión de temas y opiniones, donde el tema de las firmas de Mouriño fue un factor determinante para lograr mover el tema de la modernización indispensable al de la corrupción y privatización en beneficio de unos cuantos.
El estado de la opinión pública no es constante y a razón de ello es importante conocer qué es lo que determina o influye en los persistentes movimientos del espacio público. La discusión de la reforma energética se encuentra ahora en un estado de constante fusión y eso podemos observarlo en los recientes sondeos que se han realizado al respecto, en los que la forma en que se articulan los reactivos o los adjetivos que se utilizan en las preguntas, arrojan resultados distintos y contradictorios sobre el mismo tema.
La discusión sigue abierta y todos los actores inmersos en ella podrán convertir su opinión en tema y obtener el bien escaso de la atención un día, y al siguiente percatarse que el tema a discusión es lo que antes era la opinión contraria de su opinión convertida en tema el día anterior. Por lo menos hasta que el Congreso vote una propuesta, el gobierno abandone su pretensión de reforma o se llegue a las elecciones del próximo año.
[i] Cárdenas, Heliodoro. “Acusa López Obrador a Mouriño de promover privatización de Pemex”, Milenio Diario, 25 febrero 2008.
[ii] Notimex. “Llama Gamboa Patrón a anteponer desarrollo de México a enconos políticos”, Milenio Diario, 28 febrero 2008.
[iii] Rabotnikof, Nora. En busca de un lugar común. El espacio público en la teoría política contemporánea, UNAM, México, D. F., 2005, p. 219
[iv] Wolton, Dominique, “La comunicación política: construcción de un modelo”, en Jean Marc Ferry, Dominique Wolton y otros, El Nuevo Espacio Público, Gedisa, Barcelona, España, 1992.
[v] Rabotnikof, Nora. En busca de un lugar común. El espacio público en la teoría política contemporánea, UNAM, México, D. F., 2005, p. 250
Por Arturo Juárez Martínez
Lic en Sociología
Por la Universidad Autónoma de Tlaxcala
Pasante de la maestría en Gobierno por el Colegio de Tlaxcala
Por Lic. Arturo Juárez Martínez
El pasado 24 de febrero, el ex candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una accidentada concentración dispuesta para definir una estrategia de defensa con sus adherentes, ante lo que ellos consideran “la pretensión de privatizar Pemex” y “la codicia de las minorías rapaces y de funcionarios corruptos”[i], hizo entrega de un legajo de documentos al coordinador de la bancada de diputados perredistas en el Congreso de la Unión, Javier González Garza, para solicitar se realicen auditorías a la gestión del actual secretario de Gobierno, Juan Camilo Mouriño, en sus anteriores responsabilidades públicas.
El tema no tuvo gran impacto en la opinión pública, debido a que la atención quedó centrada en las reyertas que protagonizaron los simpatizantes del anterior jefe de Gobierno del D. F. con figuras relevantes de la corriente Nueva Izquierda presentes en el mitin.
La atención en el tema permaneció en un impasse durante escasos cuatro días. Con declaraciones marginales sobre el asunto, figuras afines en ese tiempo a una posible propuesta de Reforma Energética del Gobierno Federal, comenzaron a desacreditar los señalamientos del tabasqueño y calificarlos como producto del encono[ii].
La controversia que inaugurara López Obrador, y que fue secundada por miembros del Frente Amplio Progresista, tiene que ver con siete contratos que firmó Juan Camilo Mouriño, en calidad de apoderado general de la empresa de Transportes Especializados Ivancar -propiedad de su familia-, cuando presidió la Comisión de Energía en el Congreso de la Unión y ulteriormente como asesor en la secretaría de Energía, en los periodos 2000-2001 y 2003, respectivamente, en los cuales se avalan convenios de servicio de transportación con PEMEX Refinación.
El tema que continúa abierto en los medios de comunicación, principalmente en la prensa escrita, nos otorga la posibilidad de explorar una definición y a la vez un modelo que el investigador francés, Dominique Wolton y Luhmann en su teoría social, han hecho sobre el espacio público y la comunicación política.
En este breve espacio se intentara, con la ayuda de los elementos que nos proporcionan los estudios citados con antelación, exponer como se han configurado la discusión y los actores alrededor de los desafortunados contratos en la esfera pública.
El interés de esta reflexión no se encuentra en concluir si el secretario de Gobernación incurrió en algún ilícito o sí su actuar como representante popular y funcionario público, fue apegado a derecho y con valores éticos.
Lo que sí nos interesa indagar es como algunas significaciones, por ejemplo: legalidad y ética, han sido utilizadas por los actores inmersos en la disputa de las percepciones y con ello contrarrestar el discurso de su contraparte.
Como se ha señalado, aún cuando los objetivos de este escueto análisis no son los de fallar sobre la inocencia o culpabilidad del implicado, el aspecto jurídico (para una posible descripción del fenómeno en la acepción del espacio público bajo la teoría de sistemas) es determinante en su desarrollo.
En otras palabras, lo que ha permitido que el caso de los contratos firmados por Mouriño sea un tema de debate público, es porque existen referencias en el marco jurídico de esta sociedad que se supone han sido transgredidas. “Esta legalidad permite un marco estable para la toma de decisiones y, además, encuadra el desarrollo y la formación de la opinión pública”[iii]. Es el filtro que ha adquirido el sistema político en un largo proceso de evolución para determinar cuales son los temas de discusión en el espacio público, entendido este último como un subsistema del sistema político.
La comunicación política según Wolton es “el espacio en el que se intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre política, y que son los políticos, los periodistas y la opinión pública a través de los sondeos”.[iv]
La legitimidad que se indica, funciona también como un filtro que permite discriminar los temas que serán discutidos en la esfera pública. Los políticos basan su legitimidad de acuerdo a los calendarios electorales y sobre las posturas ideológicas que pretenden dar rumbo y sentido a la administración pública, y por lo consiguiente generar adeptos a sus proyectos.
La figura de López Obrador, entendida bajo el código gobierno/oposición, después de los resultados electorales del año 2006, ha reducido sus márgenes de maniobra, ahí donde, en una democracia de masas, se libran las batallas políticas, en el espacio público. Sin embargo, temas como el de los contratos de la empresa Ivancar, le otorgan nuevas oportunidades de posicionar su visión sobre temas coyunturales y renovar su presencia en la arena pública.
El tema del fraude electoral que posicionó López Obrador en el espació público parece estar agotado; una figura política como el tabasqueño, que experimentó niveles de popularidad entre la ciudadanía pocas veces observados, hace uso de otro de los filtros por lo que tiene que pasar un tema antes de generar interés público: los estudios demoscópicos
Esos “espejos retrovisores” que son los sondeos entre la opinión pública, acerca de un determinado tema, se vuelven un tamiz imprescindible en la medida que construyen su legitimidad a través de parámetros científicos y técnicos para retratar de la mejor manera posible una realidad momentánea, no obstante, la elaboración e interpretación que de ellos hacen los actores políticos es el catalizador que convierte a las encuestas de opinión en un éxito.
Los calendarios electorales son entonces fundamentales, tanto para la legitimidad de los políticos, como para la importancia que se lo otorgue a un estudio de opinión, debido a que dan por concluido o un tema o permiten su crecimiento. Las contiendas electorales son el corte de la discusión pública.
Además esta polémica al ser parte de la discusión de la Reforma Energética, se vuelve un tópico más en la lucha de representaciones sobre lo que significaría modificar el marco legal de la forma de operar de la paraestatal Petróleos Mexicanos y un elemento que ha permitido a los opositores a la posible modificación legal en el tema energético, articular un discurso que confronte al discurso oficial con recurrencias constantes a una moralidad entendida como “uno de los mecanismos más eficaces... que redunda en la inhibición de la capacidad de respuesta”[v] del adversario.
La habilidad para operar las fusiones entre temas y opiniones, es importante, ya que los actores conseguirán orientar la discusión a los terrenos que les resulten más propicios y donde posean más elementos para articular su arenga. En el caso de la reforma energética ¿cuáles son los temas y cuáles son las opiniones?
La habilidad que han mostrado los opositores a la postura del gobierno federal, ha consistido precisamente en operar con notoriedad la fusión de temas y opiniones, donde el tema de las firmas de Mouriño fue un factor determinante para lograr mover el tema de la modernización indispensable al de la corrupción y privatización en beneficio de unos cuantos.
El estado de la opinión pública no es constante y a razón de ello es importante conocer qué es lo que determina o influye en los persistentes movimientos del espacio público. La discusión de la reforma energética se encuentra ahora en un estado de constante fusión y eso podemos observarlo en los recientes sondeos que se han realizado al respecto, en los que la forma en que se articulan los reactivos o los adjetivos que se utilizan en las preguntas, arrojan resultados distintos y contradictorios sobre el mismo tema.
La discusión sigue abierta y todos los actores inmersos en ella podrán convertir su opinión en tema y obtener el bien escaso de la atención un día, y al siguiente percatarse que el tema a discusión es lo que antes era la opinión contraria de su opinión convertida en tema el día anterior. Por lo menos hasta que el Congreso vote una propuesta, el gobierno abandone su pretensión de reforma o se llegue a las elecciones del próximo año.
[i] Cárdenas, Heliodoro. “Acusa López Obrador a Mouriño de promover privatización de Pemex”, Milenio Diario, 25 febrero 2008.
[ii] Notimex. “Llama Gamboa Patrón a anteponer desarrollo de México a enconos políticos”, Milenio Diario, 28 febrero 2008.
[iii] Rabotnikof, Nora. En busca de un lugar común. El espacio público en la teoría política contemporánea, UNAM, México, D. F., 2005, p. 219
[iv] Wolton, Dominique, “La comunicación política: construcción de un modelo”, en Jean Marc Ferry, Dominique Wolton y otros, El Nuevo Espacio Público, Gedisa, Barcelona, España, 1992.
[v] Rabotnikof, Nora. En busca de un lugar común. El espacio público en la teoría política contemporánea, UNAM, México, D. F., 2005, p. 250
Por Arturo Juárez Martínez
Lic en Sociología
Por la Universidad Autónoma de Tlaxcala
Pasante de la maestría en Gobierno por el Colegio de Tlaxcala
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